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El 5 de diciembre de 2025 se publicó la Resolución 3050/2025 que crea el “Programa Nacional de Formación en Salud Mental”. Su propósito declarado es mejorar la formación, promover buenas prácticas. La discusión se abre en otro nivel: qué concepción de lo clínico se inscribe en el dispositivo y qué efectos produce cuando la Salud Mental queda organizada bajo una lógica de estandarización.
El Ministerio dice en su comunicación pública: “el Programa impulsa la adecuación de los planes de estudio de las disciplinas afines a los marcos normativos y la evidencia científica vigente”. Sin embargo, esa “evidencia científica” no figura en el texto normativo, aunque se sugiere en su formulación.
No discuto el valor de la investigación ni de ciertos consensos técnicos, pero sí el uso político de esa palabra: “evidencia” pasa a significar “lo que se deja medir”, y lo que no se mide queda sospechado de irrelevante. Ese restoes central: la dimensión del decir, el síntoma como invención, la solución de cada quien.
El Anexo gira en torno a “protocolos”, “estandarización de procesos”, “indicadores”, “evaluación de impacto”. Yamplía destinatarios a fuerzas de seguridad y Poder Judicial. Cuando el corazón del dispositivo es el procedimiento y la medición, el riesgo es que la Salud Mental se convierta en una gestión donde lo singular pasa a ser un “desvío” a corregir.
Hace un tiempo propuse una figura para leer la época: el “cuerpo-Excel”. No como concepto clínico, sino como metáfora de gobierno: la traducción de cuerpos y lazos en planillas, métricas y algoritmos, bajo el imperativo de la “eficiencia”. Frente a esta Resolución, insisto en la necesidad de sostener el caso por caso.
La Resolución habla esa lengua. Se insiste en “unificación” y “calidad” mediante estandarización, aunque en la Salud Mental la excepción no es un accidente: es la regla. Un ataque de pánico no es un “evento” que se gestiona igual en todos los cuerpos, y la singularidad es condición de su tratamiento. Si el programa avanza hacia “contenidos mínimos obligatorios” y lineamientos únicos, la pregunta es inevitable: ¿qué lugar quedará para la invención sintomática?
Hay además un punto político: la inclusión de las fuerzas de seguridad y operadores judiciales. Puede haber urgencias en las que esos actores intervienen, pero si la urgencia se “protocoliza” en clave punitiva, el sufrimiento tiende a tratarse como amenaza, como algo a neutralizar y no como algo a escuchar. Así, aumenta la segregación, se etiquetan y descartan sujetos, bajo el rótulo de “calidad”.
Vuelvo a la palabra “evidencia”. En medicina, la evidencia suele apoyarse en ensayos, promedios, poblaciones. En Salud Mental, no alcanza. ¿Qué indicador registra el punto subjetivo que hace posible una demanda? Con Lacan, la verdad es “no toda”, y eso vale también para la política sanitaria: toda promesa de cobertura total produce exclusión de lo que no entra.
Hay solo una “evidencia” que le concierne al psicoanálisis: la del caso, la posibilidad de mostrar con precisión cómo un síntoma se transforma cuando se introduce un decir. Una evidencia que no clausura, que no esconde lo real bajo un formulario.
Y queda una paradoja, que es que el programa se declara “sin erogación presupuestaria”. En la Argentina real, eso suele traducirse en menos recursos para sostener dispositivos concretos. En Salud Mental, esa falta no queda en el aire, se compensa con precarización y con la naturalización de concurrencias ad honorem en hospitales que terminan funcionando como el sostén de la atención y la formación. Si queremos hablar en serio de derechos, empecemos por presupuestos, equipos y condiciones de trabajo; no solo por una plataforma, un formulario y una guía de seguimiento.
Una política pública en Salud Mental se juzga menos por sus slogans que por lo que hace con lo que no encaja. En eso, el psicoanálisis es un testigo incómodo, porque no promete eficiencia, sino que apuesta a que haya un sujeto.