Señoras Senadoras, Señores Senadores,
Señoras Diputadas, Señores Diputados
La enmienda redactada el 14 de noviembre de 2025 propuesta por las Señoras senadoras Guidez, Jacquemet y Vermeillet, y el Sr senador Canévet en el marco del proyecto de ley de financiamiento de la Seguridad social para 2026, exigiendo que “a partir del 1ro de enero de 2026, los tratamientos, los actos y prestaciones que se refieran al psicoanálisis o se basen en sus fundamentos teóricos psicoanalíticos no sean ya reembolsados, ni tengan participación financiera del seguro de enfermedad”, presenta un peligro considerable para los ciudadanos que las dos Cámaras se ocupan de proteger. En nombre de una ideología cuya coherencia solo se sostiene de su odio probado al psicoanálisis, constituye un ataque indignante en su contra.
Numerosos profesionales en instituciones públicas eligen los aportes del psicoanálisis para orientarse en su práctica. No todos. La libre elección de los practicantes como de los pacientes sigue siendo esencial para mejorar la oferta de tratamientos. Por medio de una prodigiosa denegación la enmienda pretende no afectar la “libertad de elección de los pacientes” ni “la libertad de prácticas de los profesionales”, cuando indica muy claramente que esas libertades son exactamente lo que apunta a prohibir. Además, si esta medida llegara a adoptarse, desorganizaría el conjunto del dispositivo público de tratamientos en salud mental (hospitales psiquiátricos, centros médico-psicológicos, hospitales de día, institutos terapéuticos, educativos y pedagógicos, institutos medico educativos, etc.) dejando sin tratamiento a niños, adolescentes y adultos con importantes sufrimientos que, en el mejor de los casos, producirían un atascamiento en las guardias, o peor aún, traerían aparejado graves consecuencias en su vida y la de sus conciudadanos. Lo que se presenta como una caza del derroche tiene, a todas luces, consecuencias costosas para la nación.
Esta enmienda quitaría del campo de la salud mental pública, donde está instalada – incluso legalmente (1) -, y donde sigue dando pruebas, sin que ningún argumento lo justifique. Apelando a la Alta autoridad de Salud, esta enmienda no se basa en ningún rigor científico. Desde hace veinte años, los oponentes del psicoanálisis reciclan un informe del INSERM de 2004 cuyos desvíos fueron demostrados. Los estudios contemporáneos que se someten a los criterios científicos más rigurosos (ensayos randomisados, meta análisis) muestran más bien la eficacia del psicoanálisis a corto y largo plazo para la casi totalidad de los trastornos. Se lo presenta como equivalente a otras formas de psicoterapia, especialmente a las terapias cognitivo comportamentales (TCC). Mientras que en numerosos países reconocen el psicoanálisis como una oferta de tratamiento válida entre otras, ¿cómo los senadores podrían ignorar la importancia de estos estudios internacionales?
Lo que distingue los enfoques orientados por el psicoanálisis es que no pretenden conducir a los sujetos a una supuesta norma reeducándolos, sino que les permiten por el contrario encontrar la vía de su singularidad en un vínculo de palabra – es una cuestión de ética para los practicantes que se orientan por este discurso.
Esta enmienda, deseando no rembolsar a todas las prácticas orientadas por el psicoanálisis, revela una ignorancia flagrante de la organización de los tratamientos psíquicos en Francia. Contrariamente a lo que dejan pensar los redactores de la enmienda, el psicoanálisis no es una práctica marginal reservada a algunos consultorios privados. La orientación analítica está presenta en una parte muy significativa de los lugares que reciben el sufrimiento psíquico. La enmienda no afecta por lo tanto solo a prácticas específicas: amenaza la organización general del sector psiquiátrico público ya fragilizado por años de desfinanciamiento y de escasez de personal. ¿La enmienda se ampara en una racionalidad económica? Su aplicación provocaría catástrofes que costarían muy caras, humanamente y financieramente.
Bajo el pretexto de “racionalizar el gasto público”, este texto apunta a imponer una visión única de la salud mental y querría deslegitimar todo lo que allí quebranta. Se trata entonces de un principio totalitario que manifiesta una voluntad de normalización y de empobrecimiento. Al designar a los profesionales que utilizan el psicoanálisis como aquellos que derrochan fondos públicos, cuestiona la libertad de práctica de los clínicos, la libertad de elección de los pacientes y la pluralidad de los referentes terapéuticos que responde sin embargo a la complejidad del psiquismo humano al que ninguna consigna podría reducirlo salvo aplastándolo.
Si bien la Caja nacional de seguro de salud no ha reembolsado nunca los actos de psicoanálisis, sí rembolsa, financia o cofinancia actos de psiquiatras, y de psicólogos o de las instituciones que emplean a ese personal para quienes la referencia al psicoanálisis es esencial. Pero mientras esos profesionales (que están en formación continua y certificada) acompañan cotidianamente a los ciudadanos que sufren – y especialmente con mucha regularidad a los grandes traumatizados (como ocurrió luego de los atentados del 13 de noviembre o como ocurre en ciertos hospitales militares franceses) – quisieran suprimir de repente esa posibilidad. Suponiendo que solo sea posible sin poner en peligro a todo el sistema sanitario francés y dejar abandonados a los más frágiles de nuestros conciudadanos (algunos de los cuales pueden volverse peligrosos para sí mismos o para los demás cuando no reciben más tratamiento), ¿cómo se haría concretamente? ¿Se procedería a una caza de brujas? ¿Se exigiría la auto denuncia y la renuncia de ese personal? ¿Se retiraría su título de médico a los psiquiatras que se orientan en el psicoanálisis cuando sabemos hasta qué punto hay pocos psiquiatras para absorber las necesidades? Y entonces, se decidiría también, con toda lógica, que conviene prohibir la enseñanza del psicoanálisis en las facultades universitarias de psicología y más allá? ¿Se pondría a esta disciplina ilustre, que documenta en abundancia y muy rigurosamente sus resultados, en el rango de práctica esotérica?
Entre las grandes figuras de la cultura – sean artistas, científicos, escritores, investigadores, médicos, actores, abogados, periodistas…,- muchos de ellos han hecho público lo que le deben al psicoanálisis, numerosos testimoniaron deberle incluso la vida. ¿Se querría privar a los más desprovistos de nuestros conciudadanos de esta orientación tan preciosa con el argumento de que no tienen los medios para pretender a ello? La apuesta no es ni más ni menos que un apuesta de salud pública, pero también de libertad y de igualdad, es decir de democracia.
La Escuela de la causa freudiana es una asociación Reconocida de Utilidad Pública desde 2006. Obtuvo este reconocimiento, especialmente a causa de la proyección del psicoanálisis francés que extiende en Europa y en el mundo. Es mi deber alertarlos sobre el peligro que esta enmienda le hace correr a los franceses. En nombre de la Escuela de la Causa Freudiana, les solicito retirar esta demanda ideológica y mentirosa, de la que quiero creer que fue escrita en la ignorancia de las implicancias que exponemos aquí.
Señoras Senadoras, Señores Senadores, Señoras Diputadas, Señores Diputados, los saluda respetuosamente
Anaëlle Lebovits-Quenehen
Presidenta de la Escuela de la Causa freudiana,
Asociación reconocida de utilidad publica
Traducción: Silvia Baudini.
[1] Et notamment l’article 52 de la loi 2024-806 du 9 aout 2004 sur l’usage du titre de psychothérapeute.
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